EL TSJC CONFIRMA EL ARCHIVO DE LA QUERELLA CONTRA LA PRESIDENTA DEL PP

La querella fue interpuesta en julio por tres personas del sector crítico del PPcontra Buruaga y Gonzalez Revuelta


13 de Noviembre de 2017 - 17:47
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Documentación

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha confirmado el archivo de la querella contra la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, en un auto el que rechaza el recurso de súplica presentado en agosto e insiste en que los hechos denunciados no son delitos.

La querella fue interpuesta en julio por tres personas del sector crítico del PP por supuestas irregularidades en el proceso que culminó con la elección de Sáenz de Buruaga, y también iba dirigida contra la secretaria autonómica de este partido, María José González Revuelta, y contra la presidenta del Comité Organizador del Congreso del PP, Jesusa Sánchez.

La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJC desestimó la querella al entender que los hechos que recogía no son constitutivos de delito.

Los querellantes recurrieron esa resolución y también formularon un incidente de recusación contra dos de los magistrados que formaban la sala que desestimó la querella, el presidente del Tribunal Superior, José Luis López del Moral; y la magistrada Paz Hidalgo.

Una vez que fueron rechazadas las recusaciones por una sala distinta, se dio traslado al fiscal para que informara sobre el recurso de súplica y éste solicitó que se desestimara.

En el auto que se ha hecho público este lunes y contra el que no cabe recurso, la Sala de Civil y Penal del TSJC rechaza todas las alegaciones de los querellantes y la existencia de los delitos denunciados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y revelación de secretos y delito electoral.

Respecto al delito de prevaricación administrativa, señala que aunque algunas sentencias otorguen esta calificación a las juntas directivas de los colegios profesionales, éstas son corporaciones públicas de base privada mientras que los partidos políticos son entes privados de naturaleza asociativa.

"En el ámbito de un partido político no se puede hablar de ejercicio de función pública, de asunto administrativo, de resoluciones y de acceso a cargo público, lo que supone rechazar que los hechos descritos en la querella sean constitutivos del delito de prevaricación", explica.

Para la Sala tampoco cabe la tipificación de malversación de caudales "cuando ni siquiera se puede calificar como funcionarias públicas a las querelladas".

Y añade que en la querella se omite cualquier referencia a que se hubiera producido "un ejercicio contrario a los fines para la que fue concebida la asignación de cantidades para la financiación de los partidos políticos" .

En cuanto al delito de revelación de secretos, los querellantes entienden que tuvo lugar "por el apoderamiento y manejo de datos de afiliados" que no estaban al corriente de pago de las cuotas y que gracias a este conocimiento se realizó una transferencia bancaria desde la cuenta de un militante para que sí lo estuvieran.

Pero según el tribunal falta la denuncia de la persona agraviada y una lista de afiliados como la que aportan no alcanza la relevancia que permite aplicar la excepción a ese requisito.

Respecto al delito electoral denunciado, sostiene que el comportamiento atribuido a las querelladas "no es subsumible en los tipos contemplados en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General".

Los querellantes alegaron en su recurso de súplica que no se les había comunicado la sustitución de uno de los magistrados de la Sala Civil y Penal, y que eso les había causado indefensión.

Pero la Sala dice que la comunicación sí se realizó -por diligencia de ordenación dictada el mismo día en que se desestimó la querella-, y que pudieron recusar al magistrado que sustituyó de igual forma que lo hicieron respecto de los otros dos.

En otra de sus alegaciones planteaban una "falta de argumentación sólida de la decisión" y calificaban de discriminatoria su inadmisión respecto a "otros asuntos de menor transcendencia en los que se practican diligencias".

El tribunal recuerda que una querella no conduce "de manera forzosa o ineludible" a la incoación de un procedimiento penal.

"Si de la valoración inicial que debe hacerse en función de los términos de la querella, se desprende que éstos, como vienen afirmados o formulados, no son delictivos, procede la inadmisión", concluye. EFE
 

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