OLACANTABRIA DENUNCIA EN FISCALÍA A GEMA IGUAL POR ENTREGAR ARMAS A ASPIRANTES A POLICÍAS


07 de Junio de 2019 - 10:16
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OlaCantabria ha denunciado en Fiscalía a la alcaldesa de Santander en funciones, Gema Igual (PP), por existir indicios de irregularidades que vulneran varias leyes por entregar armas y atribuciones a unas personas que ni siquiera son funcionarios en prácticas, sino que son aspirantes en la selección de la promoción de policías municipales de Santander.

La portavoz de este partido en Santander y concejala en funciones, Cora Vielva, considera que el Ayuntamiento ha tenido a 19 personas ejerciendo como agentes de la autoridad sin serlo durante varios meses y portando armas cuando legalmente no estaban habilitados. “Con esta situación se ha puesto en riesgo a la población en general e invalidando cualquier proceso en el que hayan intervenido, ya sea de tráfico, drogas, violencia de género o cualquier otra cuestión con el perjuicio que ello pueda acarrear.

Para Vielva con esta forma de proceder también se ha puesto en riesgo el futuro profesional de los 19 aspirantes, ya que han estado expuestos a que se iniciara proceso contra ellos por alguna de las presuntas infracciones legales que han cometido a lo largo de estos meses, “lo que sin duda les habría impedido tomar posesión de su plaza como funcionarios al estar o bien inhabilitados o tener antecedentes penales, lo que también les inhabilitaría para el cargo”.

OlaCantabria incide en que Gema Igual ha seguido consintiendo esta situación a pesar del requerimiento por parte del Coronel al Mando de la Guardia Civil en la Autonomía quien, tras consultar a la Intervención Central de Armas y Explosivos, instó a la alcaldesa a que regularizara la situación de los aspirantes y les retirase las armas proporcionadas indebidamente.

Este partido político incide en que, en vista del nulo resultado de su requerimiento, la Delegación del Gobierno en Cantabria giró consulta a los servicios de la Abogacía del Estado quien, a su vez, emitió un informe fundamentando lo ilegal de la entrega de armas a los aspirantes antes de alcanzar su propia condición de funcionarios de carrera, y lo incorrecto de la negativa del Ayuntamiento de Santander en respuesta al requerimiento efectuado por la Delegación del Gobierno dos meses antes del citado informe.

Vielva considera que se ha puesto en peligro tanto a los vecinos de Santander como a los propios aspirantes a la Policía y añade que como concejal en funciones y ante los indicios de las irregularidades cometidas por la alcaldesa popular Gema Igual está en la obligación de pedir a la Fiscalía que investigue, mientras que la oposición, PSOE, PRC e Izquierda Unida han mirado para otro lado. “Es obligación de los representantes políticos velar por los intereses de los vecinos y nos apena que OlaCantabria sea el único partido que cumple con su deber, mientras el resto miran para otro lado en lugar de llevar asuntos graves ante la justicia”, declaró.

Los hechos se remontan a la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Santander, firmada por el concejal de Personal el día 29 de noviembre de 2017 y publicada en el Boletín Oficial de Cantabria el 11 de diciembre de 2017, de las bases para seleccionar el personal que cubrirán 19 plazas de policía municipal de Santander.

Las bases recogían que quienes superaran el proceso selectivo serán nombrados funcionarios en prácticas para, acto seguido, puntualizar como marca la Ley, que será en el momento de impartirse el curso básico de formación teórico-práctico en la Escuela Autonómica de Policía Local de Cantabria cuando los aspirantes tendrán la consideración de funcionarios en prácticas, aseguran desde OlaCantabria.

“La realidad es que, a día de hoy, aún no se ha comenzado a impartir el curso que tienen obligación de superar los aspirantes como requisito imprescindible para ser funcionarios de carrera, con lo que aún tampoco son funcionarios en prácticas”, remarcó Vielva.

OlaCantabria incide en que los aspirantes al no ser funcionarios ni en prácticas ni de carrera no tiene derecho a recibir un salario público que sin embargo han percibido desde principios del presente año 2019. “Entendemos que de forma ilícita, lo que podría constituir la posible comisión de un delito por parte de quien así lo ha dispuesto”, subrayó Vielva.

La portavoz de OlaCantabria añade que “en enero de 2019 y tras recibir los aspirantes un curso básico de formación de tiro, les fueron entregadas un arma reglamentaria a cada uno, aun cuando ni siquiera habían accedido a ser funcionarios en prácticas, ya que no estaban ni están a día de hoy, realizando el preceptivo curso de la Escuela Autonómica.

Por este motivo, OlaCantabria recalca que tampoco son funcionarios de carrera, condición obligatoria para que les sea entregada legalmente su arma reglamentaria y que como marca la actual normativa, acceden a esa situación una vez superado el citado curso obligatorio.

 

 

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