SANTANDER COATED SOLUTIONS URGE AL GOBIERNO CáNTABRO LA CONCESIóN DE LICENCIAS

El proyecto está estancado por la falta de permisos ambientales, que aún se están evaluando


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La segunda fase que Santander Coated Solutions, una de las empresas metalúrgicas más importantes implantadas en Cantabria, pretende llevar a cabo en el Puerto de Santander está en el aire. Fuentes de la empresa, consultadas por la SER, dicen que la viabilidad del proyecto depende de la agilidad del ejecutivo con los permisos legales. Y es que actualmente, la empresa no cuenta aún con muchas de las licencias necesarias para implantar su actividad.

Por eso, desde Coated Solutions transmiten su preocupación por esta tardanza que podría desembocar, aunque no a corto plazo,remarcan, en desistir de esta segunda fase.

El proyecto lleva estancado varias semanas porque el Gobierno de Cantabria, concretamente la consejería de Medio Ambiente, no otorga los permisos básicos necesarios para continuar con la actividad de Santander Coated Solutions en las instalaciones del Puerto. Segunda fase que tiene comprometida una inversión de 45 millones de euros. La compra de la empresa de varios terrenos en León para expandirse había levantado las sospechas de que esa inversión en la capital cántabra se trasladaría hacia allí. Sin embargo, un portavoz de la sociedad ha dicho a esta emisora que son "proyectos totalmente independientes".

La empresa muestra su preocupación por la tardanza del gobierno a la hora de conceder esas licencias y le apremia a que lo haga. Más que nada, dicen, porque existen clientes y proovedores con lo que existe un compromiso de plazos a la hora de entregar la mercancía. Si esos permisos tardan más en llegar, Santander Coated Solutions no descarta que esa inversión se pueda ir de Cantabria.

El Gobierno: "El proyecto continúa"

Desde el Gobierno cántabro dicen a la SER que el suelo está adjudicado, que la acometida eléctrica está en ejecución y que, únicamente, la empresa está a la espera de conocer las limitaciones que pudiese incluir la tramitación ambiental para evaluar si es necesaria la redifinición del proyecto. Ejecutivo que dice, por lo tanto, que el proceso "continúa".

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