FABRICANTES DE CLORO PROTESTAN UNA DECISIóN DEL GOBIERNO DE CANTABRIA QUE BENEFICIARíA A SOLVAY

Electroquímica de Hernani, S.A.; Electroquímica Onubense, S.L.; Ercros, S.A.; y Química del Cinca, S.L., empresas fabricantes de cloro-álcali en España, han redactado una nota de prensa en protesta por una decisión del Gobierno de Cantabria que, a su entender, significaría un “conflicto con el interés público ambiental y una grave distorsión de las condiciones de competencia del mercado”.

Se trata de la adaptación a la legislación europea para la prevención de la contaminación que deben llevar a cabo las empresas del sector del cloro. En su escrito, señalan que, “el Gobierno de Cantabria aprobó el pasado 28 de abril una propuesta de resolución por la que se revisa y modifica la autorización ambiental integrada («AAI») otorgada a la planta de producción de cloro con tecnología de mercurio de Solvay en Torrelavega, a la que concede una prórroga de 24 meses, a contar desde la fecha en que se notifique la resolución, para cerrar dicha planta”.

Recuerdan que, en caso de que finalmente el Gobierno regional haga definitiva la propuesta citada, “estaría contraviniendo la normativa europea y española, que establece un plazo legal, que vence el 11 de diciembre de 2017, para cesar la producción de cloro con tecnología de mercurio. Este plazo es improrrogable e idéntico para todos los fabricantes europeos”.

Las empresas firmantes del comunicado, explican que ellas “operan con tecnología de membrana, aceptada como mejor tecnología disponible («MTD»), o bien están en proceso de implantación de dicha tecnología”. Por tanto, en caso de producirse esa decisión, “las autoridades cántabras contravendrían la ley”, ante lo cual, “ejercitarán cuantas acciones sean pertinentes en aras a combatir tal manifiesta ilegalidad”.

El comunicado también censura algunos de los argumentos que, según ellos, esgrime Solvay. El hecho de que “aún no ha obtenido las autorizaciones administrativas pertinentes. Por tanto, durante el período transitorio de conversión y adaptación resulta preciso mantener activas instalaciones para evitar la regulación temporal de empleo y el deterioro en los equipos que habrán de reutilizarse con la nueva tecnología de membrana”.

 A su juicio, estos problemas no existirían “si dicha empresa hubiera adoptado con la antelación suficiente -como han hecho otros fabricantes afectados-, la decisión para proceder a la reestructuración de su planta e iniciado antes la tramitación de las autorizaciones administrativas”.

Otra de las razones es que la falta de producción de cloro podría afectar a un servicio público esencial y obligatorio, como es el abastecimiento de agua potable. En ese sentido recuerdan que, "hay otros productores en España y Europa, que el 11 de diciembre de 2017 habrán culminado el cambio de tecnología en sus plantas y, por lo tanto, estarán en disposición de suministrar al mercado todo el cloro que demande”.

Por un lado, entienden que la concesión de esta prórroga entraría en claro conflicto con el interés público ambiental. Comentan que, “en los últimos 20 años, el sector del cloro europeo ha venido llevando a cabo actuaciones y suscrito convenios con las administraciones tendentes a la progresiva reducción del uso del mercurio, y su sustitución por una tecnología más limpia y más eficiente energéticamente”.

Y por otro, consideran que esta decisión “conduciría a una grave distorsión de las condiciones de competencia del mercado. Los operadores que cumplen la ley están afrontando los correspondientes procesos de reestructuración industrial, con los sacrificios económicos, tecnológicos, ocupacionales y sociales que ello implica, mientras que los que no la cumplan se beneficiarán de los menores costes de inversión asociados al mantenimiento de las antiguas plantas de mercurio”.