LOS AYUNTAMIENTOS AFRONTAN DE FORMA DIFERENTE EL PROBLEMA DE LAS VIVIENDAS TURíSTICAS SIN LICENCIA

La proliferación de viviendas turísticas sin licencia alquiladas a través de plataformas online, está generando un encendido debate al respecto, como consecuencia del perjuicio que provocan tanto a las ciudades, como al sector hotelero.

Al parecer, en el caso de España, las competencias para regular los alquileres turísticos pertenecen a cada Comunidad Autónoma, de modo que no existe unidad al respecto.

Valencia

El Economista informa que el ayuntamiento de Valencia estudia aumentar el IBI a estos inmuebles. El enfoque planteado por el alcalde Joan Ribó, basado en los impuestos de carácter específico, resulta diametralmente opuesto a la solución que, por ejemplo, vislumbra Barcelona.

Barcelona

En la ciudad condal apuntan el foco hacia las plataformas que dan cobijo a esta actividad. Sin ir más lejos, la alcaldesa Ada Colau anunció recientemente una multa de 600.000 euros para Aribnb y HomeAway, por anunciar pisos sin licencia.

No es la primera sanción emitida desde el ayuntamiento, puesto que anteriormente ya se les impuso una sanción de 30.000 euros por esta misma razón. Las plataformas anunciaron que recurrirán las multas y que desean mantener un diálogo con las instituciones.

Otras compañías, con menor número de usuarios en nuestro país, como Housetrip, 9 flats, Fotocasa, Onlyapartments, Open House, TripAdvisor, Niumba y Rent4days; también cuentan con expedientes administrativos en tramitación por parte del ayuntamiento de Barcelona.

No todo fueron oídos sordos por parte de los portales online. De hecho, el consistorio se congratuló por lograr que siete plataformas, como Booking o Rentalia, retiraran anuncios de pisos turísticos sin licencia.

Madrid

Por su parte, la capital de España sigue la línea de actuación impuesta en Amsterdam, que consiste en limitar el número de días que puedan alquilarse al cabo del año. Si bien esta vía se encuentra en fase de negociación, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, declaró que 60 días le parece una cifra razonable. Además, los ayuntamientos cobrarían una pequeña tasa por el rendimiento económico de cada alquiler.