TRES AñOS Y DOS MESES POR ESTAFAR A LA PROMOTORA DEL TANATORIO DE MIRAVALLES

El responsable de la gestión administrativa del proyecto se apodero de 110.000 euros


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El responsable de la gestión administrativa del proyecto de construcción del Tanatorio de Miravalles ha sido condenado a tres años y dos meses de cárcel por estafar 110.000 euros a la empresa promotora del proyecto valiéndose, para tal fin, de la falsificación de documentos oficiales, según dos sentencias a las que ha accedido la Cadena SER.

Ha sido la Audiencia Provincial la que en primera instancia falló una condena de dos años y dos meses de prisión por un delito de estafa a la que sumo otra condena de siete meses por el delito de falsedad en documento privado, además de imponer la obligación al acusado de indemnizar a la empresa por los 110.000 euros estafados más intereses.

Esta sentencia ha sido ratificada en parte por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que ha mantenido la condena por estafa, tras desestimar el recurso del acusado, aunque, al estimar parcialmente el de la empresa promotora, ha considerado que la falsedad afecta a documento oficial y por tanto eleva la pena por este delito de siete meses a un año.

Las sentencias consideran probado que el acusado recibió de la empresa promotora el encargo de localizar el terreno y realizar las labores administrativas para la edificación del tanatorio y que este, con ánimo de enriquecimiento ilícito, hizo creer a la firma que debía pagar de inmediato al ayuntamiento dos terceras partes del coste de un vial que debía construirse junto a la instalación, 110.000 euros, de los que se apodero tras cobrar los cheques correspondientes.

Cuando el ayuntamiento de Torrelavega reclamó el dinero a la promotora se descubrió que el acusado había justificado el pago aportando documentos falsificados, que no figuraban en el expediente municipal, entre los que había una supuesta fotocopia de una carta de pago con sello del consistorio, motivo de que el ayuntamiento ha ejercido la acusación junto con el Ministerio Fiscal y la empresa promotora.

La sentencia no es firme ya que, según han confirmado a nuestra emisora fuentes municipales y de la propia empresa, la causa ha sido elevada al Tribunal Supremo y se está a la espera de su pronunciamiento.

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